DIPA: “el derribo de las diez viviendas hace un año en Majadillas Baja fue una orden política para escarmentar al pueblo de Chiclana”

El pasado 21 de diciembre se cumplió un año del derribo de las diez viviendas en las Majadillas Bajas, una actuación que provocó concentraciones frente a Urbanismo y la huelga de hambre del propietario de éstas, Antonio Tocino, que estuvo acompañado durante los 33 días que duró la protesta de su familia y amigos.
José Luis Velázquez, Candidato de DIPA a Alcalde, que fuera portavoz de la familia, recordó esta fecha conjuntamente con Tocino, que afirmó que un año después todavía nadie del Ayuntamiento le ha dado explicaciones de lo sucedido, amenazando con volver a realizar otra huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias.

La ciudad con más viviendas ilegales posiblemente de España, donde no se había derribado jamás una casa, el 21 de diciembre de 2009 vio como de una tacada diez de ellas eran echadas abajo sin ninguna compasión. El día anterior ya lo habían intentado, pero la presencia de numerosos vecinos hizo que el Ayuntamiento desistiera para horas más tarde, casi de madrugada, llevar a cabo el derribo. Los intentos de que se aplazara, ya que el juzgado había admitido a trámite el recurso presentado, no sirvieron de nada ya que la concejala de Urbanismo, Cándida Verdier, dijo tener una orden judicial en este sentido y que no le quedaba más remedio que tirarlas, orden que nunca enseñó y que doce meses más tarde seguimos sin ver.

"Fue una orden política –aseguró José Luis Velázquez-, se hizo para dar un escarmiento al pueblo de Chiclana, demostrar que ellos (los actuales 25 Concejales) son los que mandan. La Orden Judicial de Derribo no existió nunca. Fue un lamentable día, con algo que nunca debió ocurrir". Velázquez criticó que ninguno de los 25 concejales de la Corporación "hicieran algo por evitarlo".

Poco antes del comienzo de la Rueda de prensa, Velázquez firmó ante notario que reformaría las ordenanzas de las AGB "si llegamos a gobernar o formamos parte del equipo de gobierno". Comparó los precios previstos por el Cuatripartito de Butrón y Marín, por el Tripartito de Román y los suyos: Velázquez puso el ejemplo del Área de Gestión Básica del Marquesado: "El coste por cada 1000 m2 del Cuatripartito era de 43.076,26 euros, el del Tripartito de 39.477,33 y el que nosotros hemos calculado asciende a 23.230,76 euros, una clara diferencia". Señaló el candidato a la alcaldía por DIPA que "hay que comprometerse a hacer lo que se dice y si somos parte del equipo de gobierno pondremos en funcionamiento este documento y no derribaremos ninguna vivienda sin orden judicial".

También habló de los Verdaderos culpables de todo el proceso de derribo: "Hace un año de aquello y seguimos esperando la orden de derribo que dijo Verdier que tenía, lo que motivó que se produjera el derribo porque tenía las manos atadas, cuando el juzgado había admitido a trámite el recurso de Tocino que podría haber evitado el derribo, máxime después de treinta años de política urbanística desastrosa. Hay que recordar que la Orden de Derribo la Firmó Butrón con la autorización de Marín y que Román fue la mano ejecutora". Criticó a José María Román por no entrevistarse con Tocino: "El alcalde, para que Tocino dejara la huelga de hambre llegó a un acuerdo para explicarle lo ocurrido y un año después no le ha presentado ningún documento que justifique echar abajo diez viviendas, y tampoco ha querido recibirlo a pesar de haberle pedido cita varias veces".

Antonio Tocino, por su parte, como principal afectado afirmó que "he pedido cita al alcalde y Verdier cinco veces para negociar algo y me dicen que no tienen por qué dármelas". Afirmó que "el banco me ha quitado seis viviendas por no pagar, debo 240 millones de pesetas de hipoteca de las diez viviendas derribadas, pero no quieren reunirse conmigo". "El alcalde y Verdier me dijeron que abandonara la huelga y que nos reuniríamos para llegar a un acuerdo y aún estoy esperando".

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